Ethos y kratos: una relación problemática.
Los acontecimientos vividos en los últimos meses, desde la primavera árabe hasta el revulsivo mundial que ha supuesto el movimiento 15M, han situado al modelo de democracia actual en centro de las preocupaciones de la ciudadanía, con una extensión que alcanza a prácticamente los cinco continentes.
El poder político aparece cada vez más cuestionado y distanciado de la ciudadanía a quien teóricamente tendría que representar en las instancias de decisión política. La percepción mayoritaria en muchos países, y en concreto en el Estado español, es que los políticos que ejercen profesionalmente esta actividad acatan mejor los dictados procedentes de poderes externos que los compromisos adquiridos en los períodos electorales. En consecuencia, la demanda de una mayor extensión de la democracia mejorando su calidad e incorporando medidas de democracia directa y deliberativa, se ha llegado a convertir en un clamor; aunque, ahora, parece haber ralentizado su aumento. Incluso también se tiene la sensación de que la indignación y las demandas en la profundización de la democracia no se han asumido con la radicalidad esperada, especialmente tras las elecciones en el Estado español y Egipto.
No obstante, es evidente la progresiva separación de la ciudadanía con los representantes políticos, acusados de estar más bien al servicio del capital y mercados financieros, cuando no del mantenimiento de sus privilegios y de corruptelas, que del ejercicio de la actividad política para la mejora de bien común o bienestar general, promoviendo la justicia y la virtud ciudadana. Por ello, vuelve a plantearse el problema de la moralización de la política, de la eticidad en el Estado y la moralidad pública. En definitiva, de la relación entre ética y poder
Si entendemos el poder como multiplicidad de relaciones de dominio, su análisis sobrepasa la centralidad del poder político, de la legitimidad de la soberanía, del Estado e, incluso, lo que hoy se entiende por ética ciudadana. Es cierto que no puede haber separación estanco, que el poder no se encuentra estáticamente localizado y que, como Foucault sostenía, la sociedad está atravesada por relaciones de dominio interrelacionadas que no pueden disociarse; como tampoco establecerse sin una producción, acumulación y circulación de discursos de verdad. Mecanismos de poder, reglas del derecho y efectos de verdad son necesarios para que el poder funcione. El poder no es algo dividido entre los que los que lo detentan exclusivamente y los que no lo tienen y lo soportan; “el poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente de ese poder ni son siempre los elementos de conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos” (Foucault, 1979) [1] . Por tanto, no podemos deslindar el poder político de la trama del poder, de la red de relaciones de dominio que caracterizan nuestras sociedades; aun más, sin ella, el Estado no podría ejercer su hegemonía tal como hoy lo hace. Pero en la medida que el ámbito del Estado es un ámbito institucionalizado y público, que ocupa un lugar central en la organización y distribución del poder, nos permitirá un parcial análisis desde el que observar la relación con la sociedad civil y con el discurso de verdad que lo legitima, con la ciudadanía y con la moral.
