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domingo, 28 de agosto de 2011

Los movimientos sociales y el movimiento 15-M frente al sistema de partidos.




Se debate en la actualidad acerca de si las reivindicaciones del movimiento 15-M deben canalizarse a través de un partido político, o lo que es lo mismo, si el movimiento debe transformarse en un partido político, o si, por el contrario, el movimiento 15-M debe mantenerse en todo momento ajeno a la lucha partidaria. Algunas voces, minoritarias, también apuntan al apoyo del movimiento a alguna fuerza política ya instituida y más sensible a sus demandas, la cual pudiera ser Izquierda Unida. Analicemos lo que ha sido la relación entre movimientos y partidos políticos.


Lo primero que hemos de constatar es que a lo largo de la historia ha habido movimientos que han surgido desde grupos sociales, estructuralmente definidos, y que han surgido como expresión de sus intereses. Este es el caso de la burguesía como movimiento, especialmente desde el XVlll, con la Ilustración como movimiento cultural que recogía sus reivindicaciones, el movimiento obrero un siglo después a través de los sindicatos o el movimiento feminista, primero como sufragista y, más tarde, como movimiento por la igualdad y el derecho a la diferencia. Ya en la segunda mitad del siglo XX, han surgido otros movimientos no ligados a grupos sociales estructuralmente constituidos, sino a estados de conciencia y socialmente transversales. Entre ellos el movimiento ecologista y el movimiento pacifista.


Los movimientos que respondían a intereses de clase, pronto germinaron en partidos políticos que canalizaron programáticamente los modelos socio-económicos adecuados a sus intereses. Los partidos eran la vanguardia, o vanguardias debido a la fragmentación que se produjo, organizada de la clase a la que representaba. La burguesía y la clase obrera eran sus referentes. En su ideario propugnaban el ideal emancipatorio de la Modernidad, basado en la autonomía de la razón y la realización de la libertad. Para los partidos que representaban los intereses de la burguesía, el Estado liberal, como Estado constitucional de derecho, era la consumación de su proyecto. Por parte de los partidos que representaban los intereses de la clase obrera, el Estado social vendría a dar cuenta de las aspiraciones del movimiento obrero, bien como Estado social y democrático de derecho, bien como Estado socialista que tendría el comunismo, sociedad sin Estado, como meta final.

viernes, 12 de agosto de 2011

Ideas republicanas para la calidad de la democracia: una perspectiva en el movimiento 15-M.



Aunque el republicanismo ha estado presente en muchos momentos de nuestra historia, parecía que desde el siglo XVIII estaba siendo arrinconado por otras corrientes filosófico-políticas. Eso no quiere decir que, en el debate, el republicanismo hubiese mostrado argumentos menos sólidos o convincentes. No sólo no es así, sino que también desde teorías rivales, como el liberalismo, se han pretendido aproximaciones al republicanismo, como es el caso del liberalismo igualitario o solidarista representado por J. Rawls. Pero en cualquier caso, será la tradición liberal la que se impondrá durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestro días.

Estas ideas republicanas han cobrado, en la actualidad, un nuevo empuje ante el visible deterioro de las relaciones sociales y la pérdida de credibilidad de las instituciones y las formas democráticas vigentes. El Estado liberal, y el neoliberalismo como ideología, aparecen en las críticas como los responsables de la atomización social y de un individualismo de tipo posesivo que, finalmente, ha caracterizado a la sociedad como un mercado regulado por las relaciones económicas que los individuos establecen entre sí persiguiendo su propio interés. Como consecuencia, la consideración de los demás como medios para los propios fines, la instrumentalización de las personas, ha devenido finalmente en la consideración de cada individuo como una mercancía más entre otras. Triunfante esa idea acerca de la sociedad y las relaciones sociales, el modelo de democracia mejor adaptado y más consecuente sería aquél en que la capacidad de decisión y el autogobierno de los ciudadanos fuese lo más limitado posible. Para este modelo, heredero de la concepción elitista de la democracia presente en autores como Carl Schmitt o Schumpeter, la soberanía del pueblo se limita en la práctica a un mero procedimiento de selección de los gobernantes, en la que los profesionales de la política actúan siguiendo los dictados de los mercados y orientando su acción por la necesidad de preservarse en el poder, cayendo fácilmente en el nepotismo y la corrupción. La extensión de este modelo de democracia en Occidente, ha incrementado el distanciamiento de los gobernantes con los representados, especialmente las clases populares, dando lugar finalmente a las movilizaciones contra las instituciones y el sistema a que asistimos estos días. En sus reclamaciones aparece la demanda de otras formas democráticas que garanticen la soberanía del pueblo, el autogobierno, el control de la economía y la ruptura con las tiranías ejercidas por los mercados; unas nuevas relaciones sociales. Precisamente, ideas que han sido centrales en el discurso republicano.

El republicanismo había ofrecido históricamente nuevas formas de organizar la sociedad. Rechazando la tiranía y la dominación, reivindicó una idea robusta de libertad que, para su sostenimiento, precisaba de ciudadanos virtuosos. Tal y como se sostiene desde la tradición aristotélica, para ello se requería de determinadas condiciones políticas y económicas que el buen gobierno debía desarrollar y mantener. Por ello, podemos hoy afirmar con el republicanismo, que para la presencia de ciudadanos/as virtuosos y políticamente activos, era y es necesario que las instituciones básicas de la sociedad y el modo en que se regula la economía, queden bajo control ciudadano y se orienten hacia el ideal de ciudadanía. Entre algunas de la propuestas realizadas en ese sentido, el de alcanzar dichos fines, podemos destacar, por ejemplo, cómo para asegurar la no-dominación, los republicanos propusieron el control de los representantes con medidas tales como la rotación obligatoria de cargos, la revocación de los mandatos (en caso de incumplimientos). Consideraron especialmente aquellas instituciones que alentaban la discusión pública en torno al bien común y una organización económica tal que fuese la que mejor pudiera contribuir al fomento de buenos ciudadanos, al servicio de la virtud cívica. En definitiva, como sostiene Q. Skinner, para los republicanos el ideal del bien común debe ser puesto por encima de cualquier otra consideración relacionada con la obtención de beneficios individuales; una ciudadanía activa que evite que la comunidad quede a merced de la ambición de gobernantes o voracidad de grupos facciosos, “para el mantenimiento de un gobierno libre, es indispensable que todo el cuerpo político de los ciudadanos esté imbuido de un sentido de la virtud pública tan poderoso que no pueda ser sobornado ni obligado a que las fuerzas externas o las ambiciones facciosas socaven el bien común”. De esta forma, la separación del republicanismo respecto a los principios sostenidos por el liberalismo parece definitiva. No olvidemos que en el liberalismo, la función de los gobernantes es la de garantizar y proteger los derechos individuales frente a cualquier interferencia, incluido del propio Estado, de manera que sus intereses y fines particulares no puedan ser limitados por el grupo al que pertenecen.