A 79 años de la muerte de Blas Infante, el pueblo andaluz sigue empobrecido y su identidad diluida. Un breve esbozo del pensamiento infantiano.

                                                                           

El 11 de agosto de 1936, Blas Infante fue fusilado en el km. 4 de la carretera de Sevilla a Carmona por los golpistas que se habían levantado contra la legalidad republicana. Aquel asesinato se justificaría en una sentencia dictada 4 años después y, en una aberración jurídica, aplicando retroactivamente la ley. Hoy día sigue sin haberse revisado esa ignominia. Que esta reparación no haya sido posible, que los restos de Infante se encuentren en una fosa común del cementerio de S. Fernando, según se supone, es una muestra de la situación de debilidad política y cultural del pueblo andaluz. Y del olvido de lo que fue la obra y el pensamiento de Blas Infante.

La figura del considerado padre de la patria andaluza, Blas Infante, vuelve a emerger con reconocimientos desiguales. Por un lado, las instituciones oficiales parecen mostrar a un Blas Infante que se reconocería con el modelo actual de comunidad. Pero por los sectores más sensibilizados con las históricas demandas del pueblo andaluz, se denuncia la tergiversación de su pensamiento y los objetivos políticos que  Blas Infante persiguió.

¿Cuáles fueron las inquietudes de Blas Infante, qué se proponía para recuperar el estado de postración en que permanecía –y permanece- el pueblo andaluz? En un pasaje de su primera obra, “El ideal Andaluz”, expone lo que le guiará siempre en su quehacer político por el pueblo andaluz: ““Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)^[i]. Los andaluces, desposeídos a partir del siglo XIII de sus tierras, entraron en la Era Moderna bajo el poder de la nobleza castellana. Desde entonces, los que no fueron expulsados (también con las posteriores de tipo económico), vivieron sumidos en la explotación económica y en la asimilación cultural. Infante sabía que la recuperación de la identidad pasaba por la reapropiación de lo que fueron sus medios de vida. Para que el pueblo andaluz pudiera volver a ser un pueblo, tendría que disponer de la propia capacidad de producir sus medios de vida, y hacerlo con las características con las que siempre lo ha intentado: proyectando su espíritu. Ninguna de las fórmulas políticas en pugna durante el siglo XX satisfacen el ideal del pueblo andaluz, el ideal de libertad, porque ese ideal, presente en la cultura andaluza desde sus orígenes, solo puede conseguirse cuando la libertad individual coincida con la libertad colectiva del pueblo en una sociedad justa orientada hacia el ideal de humanidad.

Infante continúa elaborando su pensamiento filosófico y político en obras como “La dictadura pedagógica”, la inconclusa obra “Fundamentos de Andalucía” o “El complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. La libertad tiene que construirse desde abajo, desde el  individuo al municipio, pasando por la comarca y la provincia, hasta alcanzar el autogobierno como pueblo. La propiedad privada puede ser superada por la propiedad de todos, la propiedad comunal; pero el derecho a la posesión, a la generación de riqueza y a los productos del trabajo, estará a disposición de cada cual y al alcance de todos. Todas las familias jornaleras, los auténticos andaluces que fueron desposeídos, por tanto, tienen derecho a la tierra, al trabajo y la posesión de ella.

El ideal presente en el pueblo andaluz es un ideal de libertad incompatible con el capitalismo y el colectivismo socialista. La cultura andaluza es una cultura de raíz libertaria, humanista y vitalista, como sus abolengos griegos, y cuyo genio ha proporcionado brillantes épocas (Tartesos, Bética, Al-Andalus) en la historia. Derrotado y oculto, el ideal andaluz, de libertad y justicia, podrá aparecer y realizarse surgiendo desde cada individuo, construyendo la democracia con la entrega de los mejores hombres y mujeres en la tarea de formar al pueblo en la paz, la libertad y solidaridad para alcanzar un comunismo afectivo, de seres humanos libres y solidarios, es decir el comunismo libertario.

Si de Castilla proviene el señoritismo parasitario enquistado en la estructura social andaluza: el señorito, cacique o terrateniente que oprime y explota al pueblo andaluz; y si el Estado español, su dominio político y centralista, son la causa del empobrecimiento y anulación político-cultural de Andalucía, entonces España es el problema. En consecuencia, el pueblo andaluz, contra el señoritismo y contra el españolismo, tiene que exigir la autodeterminación, constituirse con la capacidad política para ser dueño de sus propios recursos y decidir por sí misma su propio destino. No para construir una Andalucía cerrada en sí (el nacionalismo andaluz es un nacionalismo antinacionalista), sino para el progreso de los pueblos en el ideal de libertad, el ideal de humanidad que, como sucedió en otros períodos de la historia, emergerá desde las propias raíces culturales de Andalucía.

Francisco del Río Sánchez

Profesor de Filosofía

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[i] El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p. 80

Cuando las críticas al proceso de primarias en Podemos se convierten en un insulto a las personas que en él han participado.

El sistema elegido por la dirección de Podemos para elegir los miembros de las candidaturas al Congreso ha recibido algunas críticas desde corrientes internas de la propia organización y, también, de fuerzas políticas o personas que reclaman la unidad con Podemos. Estas críticas fundamentalmente han cuestionado las denominadas listas “plancha” y la elección de los candidatos/as sin discriminar por circunscripciones electorales provinciales o de comunidad autónoma.

Entre los diferentes procedimientos para la elección de candidatos/as puede optarse por votar personas o listas (que pueden ser abiertas o cerradas), sistemas mayoritarios o proporcionales, utilizar como ámbitos de elección la provincia, la comunidad autónoma o el Estado, etc. A cada sistema se le pueden presentar objeciones diferentes acerca de cuál de ellos representa mejor la voluntad de los participantes en la votación. Pero lo que ha sucedido en las recientes elecciones primarias de Podemos es un desprecio a la capacidad de los participantes en la votación para decidir quiénes deben de representarlos, un desprecio implícito en quienes han criticado el procedimiento utilizado.

La dirección de Podemos decidió que se voten personas, no candidaturas. Ciertamente no se sabe por qué circunscripción irá cada uno los candidatos más votados, pero este aspecto parece irrelevante toda vez que lo que se plantea es alcanzar una mayoría para desarrollar un programa de gobierno estatal y se supone que los representantes actuarán con fidelidad al programa y a las decisiones de los representados. Un problema aparentemente más importante sería la elección de candidatos ajenos a un territorio del Estado cuya identidad cultural y política tratan de defender los inscritos en ese territorio, fundamentalmente podría suceder así porque es mayoritario el número de votantes de otros territorios. Pero como ha sucedido en  Andalucía, los votantes han podido elegir a representantes que defiendan dicha identidad y que figuraban en diferentes listas. Además, como medida correctora, el reglamento de elección de candidatos tenía previsto el reparto por las comunidades de procedencia.

Se sigue insistiendo en que las listas “plancha” desvirtúan la pulcritud democrática del procedimiento. Suponen que el o la votante de Podemos no es capaz de discernir entre los candidatos/as que aparecen en las diferentes listas, que no es capaz de confeccionar de entre todos/as los candidatos/as de cada una de las listas sus propios candidatos, que en caso de desconocimiento acerca de candidatos/as, a la vista de las diferencias de criterios en el seno de Podemos –como en cualquier otra fuerza política-, no podrá guiarse por quien avala dicha lista. En definitiva, una puesta en cuestión intolerable de la autonomía, formación política y capacidad de decisión de las personas que han participado en el proceso. Las críticas, por tanto, han sido sustancialmente una ofensa a las casi 60.000 personas que han participado en el proceso de primarias. 

Finalizada la Guerra Civil un 1 de abril de hace 76 años, la República sigue siendo la aspiración de un demócrata consecuente.

                                                                               

Último bando de guerra firmado por el general golpista Fº. Franco
 (Hacer clik sobre la foto para ampliar)

                                                                          

El 1 de abril de 1939 se se dio por finalizada la Guerra Civil iniciada con el golpe de Estado dirigido por el general Franco. Tras el último bando militar (ver foto) sufrimos la larga noche (36 años) de la dictadura franquista. Finalmente, con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición que en el que, en lo esencial, el viejo dictador había dejado “todo atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas, organizadas en la débil oposición, para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1978.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política que garantizase el statuo quo económico, sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional, impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama, con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para hacer realidad que la democracia sea el autogobierno del pueblo. Y esto es, simplemente, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.

Francisco del Río
Profesor de Filosofía