Patriotismo republicano en una España plurinacional

Artículo publicado en Rebelión 

Patriotismo republicano en una España plurinacional

La visión uninacional que se impuso tras la guerra civil y que permaneció con la restauración borbónica sigue contando con el apoyo de las fuerzas políticas que sostienen el régimen del 78. Los símbolos de aquel modelo de España también concitan apoyos importantes entre la población. Pero no por ello deja de mostrar cierto declive y desafección en los territorios periféricos y entre sectores de la población que ya no entienden muy bien qué se está haciendo con la comunidad en la que viven y qué España debe proyectarse hacia el futuro.

En efecto, a la crisis territorial evidenciada ahora con el conflicto catalán se ha unido el importante incremento de las desigualdades sociales –que sitúan a España con el mayor índice de Europa- y la pérdida de soberanía en favor de instituciones europeas o como consecuencia de la firma de tratados internacionales como el CETA (u otros, como sucederá con el TTIP). Además, las políticas de ajuste y el adelgazamiento de los servicios públicos, debilitando el ya insuficiente Estado del bienestar, la pérdida de calidad del trabajo asalariado unido a la importante fuga de capitales hacia paraísos fiscales protagonizado por las élites,  nos devuelve la pregunta –una vez más- que ya inquietaba a finales del XIX: ¿qué es España?

No es suficiente apelar a los símbolos tradicionales y la religión tampoco otorga ahora el papel conformador en lo ideológico que ha servido desde el 39. A pesar de la euforia del momento expresado en el rechazo al secesionismo, el problema sigue estando presente y vivido con preocupación. Las propuestas sobre el modelo de país que se necesita tendrán que replantearse si se quiere entrar en un horizonte de futuro que la ciudadanía asuma como un proyecto propio.

Las corrientes conservadoras y liberales (PP, C´s y, en lo fundamental, también el PSOE), no ofrecen más perspectiva que el mantenimiento del statu quo económico y político que ha interesado a las élites (el régimen del 78) y la inserción en el proceso de unificación –globalización- económica de los mercados y la cesión de soberanía en favor de ellos. Así, las instituciones políticas del Estado solo le interesan como garantes del funcionamiento del sistema. Para ello, además, incrementan el control ideológico y represivo en todos los ámbitos de la vida social (incluidas la redes), sustentado también desde la práctica totalidad de los medios de comunicación.

En esta situación, el republicanismo democrático puede tener una importancia decisiva en la reconfiguración del Estado y del sentido de pertenencia de la ciudadanía. Los pensadores de esta corriente filosófico-política han propuesto la configuración del Estado sobre la base de tres grandes ideas, que difieren de las defendidas por el liberalismo: la noción de libertad como autodeterminación, la importancia de las virtudes cívicas y una defensa de la democracia como participación y compromiso ciudadano.

El sentido republicano de la libertad no es el sentido negativo que le otorga el liberalismo, que lo reduce solo a la no interferencia del Estado o de otros en el ejercicio de los derechos individuales; sino que, al contrario, para el republicanismo, la libertad necesita de la ley, de la regulación estatal que favorezca la independencia y la capacidad decisoria en los ámbitos económicos, civiles y políticos de toda la ciudadanía. Es la libertad entendida como no dependencia de relaciones serviles, patrocinios o de relaciones de dominio personal o estructural; libertad como autodeterminación. El Estado, en consecuencia,  tiene que establecer los dispositivos institucionales y legales necesarios que garanticen a la ciudadanía los derechos elementales a la existencia, a la seguridad y la independencia civil. En la actualidad, la implantación de una Renta Básica Universal se adecuaría plenamente a estos objetivos. Esta defensa de la libertad que hace el republicanismo democrático tiene una doble dimensión: libertad real de los individuos amparada en el marco del Estado, y también la libertad del Estado frente a otros poderes (económico-financieros, de las élites, religiosos, grupos de presión, etc.) y a la injerencia de otros Estados u organismos supraestatales.

La libertad republicana fue planteada en la Grecia clásica con las reformas constitucionales de Efialtes-Pericles y también propuesta durante el periodo plebeyo de la Republica romana. Reapareció, más tarde, en el Renacimiento y tuvo especial importancia en el constitucionalismo norteamericano (Madison, Jefferson…) y en la Ilustración europea (Rousseau, Kant, Robespierre, Marat…, hasta en el propio K. Marx), donde ocupó  un lugar central en los planteamientos de la filosofía política y con notables diferencias respecto a  la visión liberal (Hobbes, Locke, Constant…). Finalmente, el concepto liberal de libertad, ya en el siglo XIX, acabaría siendo hegemónico. Pero lo que se mostrado  desde entonces, es que el modelo liberal de libertad, centrado en la protección de los derechos individuales y contrario a la intervención del Estado en la sociedad civil, ha generado que, consecuencia de la libre competencia, minorías poderosas se impongan sobre el resto para hacer prevalecer su voluntad y sus intereses; por lo que la autonomía que permite la independencia económica  ha sido y es un privilegio de minoritarios sectores de población. Para las mayorías (mujeres, empleados, migrantes, personas sin empleo o en situación de pobreza, etc.)se ha tornado en una práctica difícil poder evitar la intromisión y las relaciones de dependencia o subordinación. Para ellas, la libertad es un ejercicio limitado.

El segundo aspecto que hemos señalado como propio del republicanismo democrático es la promoción de las virtudes cívicas. No se trata de que el Estado promueva ninguna concepción del bien ni que oriente en un modelo determinado de vida moral. Se trata de fomentar virtudes relacionadas con la justicia y la fraternidad, las que puede aceptar cualquier ser racional que sea imparcial. El republicanismo defiende la necesidad de ciudadanos comprometidos con su comunidad, que puedan participar activamente en política y corresponsabilizarse de las obligaciones que ello comporta. Para hacer factible el ejercicio de las virtudes cívicas, como el republicanismo ha propuesto, es condición previa la independencia económica y civil que permite la formación de opinión y la  libre participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones. Y para una corresponsabilidad equitativa y libremente asumida con las obligaciones de la comunidad, se hace también necesario que el Estado funcione con un sistema fiscal justo.

Respecto a qué se entiende por democracia, el autogobierno de la comunidad, a lo que tanta importancia concedieron los pensadores republicanos, no es suficiente con los mecanismos de representación. La democracia tiene que fortalecerse profundizando en la participación e introduciendo fórmulas de democracia directa. En la actualidad, dada la complejidad y pluralidad de nuestra sociedad, se hace necesario, para el acercamiento y la toma de decisiones por la ciudadanía, la descentralización del Estado, fortaleciendo –entre otras- las instituciones municipales y las territoriales de las naciones y pueblos que integran el Estado.  Esta descentralización tiene que ir acompañada de otras medidas jurídico-legales que fortalezcan la participación y la democracia. Entre ellas, un sistema proporcional justo y aquellas que aproximen al representante –en cualquier instancia- con el representado, como la rendición de cuentas, la revocabilidad de cargos en caso de incumplimientos, la rotación y desprofesionalización política, incluyendo topes salariales para cargos públicos (más ajustados a la realidad socioeconómica del representado) y la eliminación de privilegios económicos y jurídicos,  así como la inhabilitación para cargo público ante cualquier tipo de corruptela. Las formas de democracia directa hoy pueden verse favorecidas por el establecimiento de referéndums vinculantes y formas de teledemocracia. También tendría que incluirse la obligatoriedad de consultas previas a las instituciones y mecanismo de coordinación social que componen la sociedad civil y la apertura de procesos deliberativos participativos.

En los planteamientos del republicanismo se produjeron confluencias y también diferencias en otros temas, pero fueron estos tres señalados los que se abordaron con mayor intensidad por el republicanismo democrático (o plebeyo) en particular y que hoy tienen plena actualidad.

Más allá de apelaciones a símbolos que hoy todavía remiten en gran medida al pasado y a una visión uninacional, y a la que algunos se aferran para tapar otros intereses, los símbolos (los que sean, todos) tienen que identificar a la patria republicana, que es la gente, la patria donde todas las personas pueden ejercer la ciudadanía como personas libres, la del respeto a la diversidad y a la fraternidad entre los pueblos y naciones, la de la justicia de sus normas. Esa España, con una ciudadanía comprometida, es la España policéntrica que tenemos que construir.

Francisco del Río Sánchez

Profesor de filosofía

La moralización del Estado: una renovada y hasta ahora fracasada aspiración de la ciudadanía y la sociedad civil.

Ethos y kratos: una relación problemática.


Los acontecimientos vividos en los últimos meses, desde la primavera árabe hasta el revulsivo mundial que ha supuesto el movimiento 15M, han situado al modelo de democracia actual en centro de las preocupaciones de la ciudadanía, con una extensión que alcanza a prácticamente los cinco continentes.

El poder político aparece cada vez más cuestionado y distanciado de la ciudadanía a quien teóricamente tendría que representar en las instancias de decisión política. La percepción mayoritaria en muchos países, y en concreto en el Estado español, es que los políticos que ejercen profesionalmente esta actividad acatan mejor los dictados procedentes de poderes externos que los compromisos adquiridos en los períodos electorales. En consecuencia, la demanda de una mayor extensión de la democracia mejorando su calidad e incorporando medidas de democracia directa y deliberativa, se ha llegado a convertir en un clamor; aunque, ahora, parece haber ralentizado su aumento. Incluso también se tiene la sensación de que la indignación y las demandas en la profundización de la democracia no se han asumido con la radicalidad esperada, especialmente tras las elecciones en el Estado español y Egipto.

No obstante, es evidente la progresiva separación de la ciudadanía con los representantes políticos, acusados de estar más bien al servicio del capital y mercados financieros, cuando no del mantenimiento de sus privilegios y de corruptelas, que del ejercicio de la actividad política para la mejora de bien común o bienestar general, promoviendo la justicia y la virtud ciudadana. Por ello, vuelve a plantearse el problema de la moralización de la política, de la eticidad en el Estado y la moralidad pública. En definitiva, de la relación entre ética y poder

Si entendemos el poder como multiplicidad de relaciones de dominio, su análisis sobrepasa la centralidad del poder político, de la legitimidad de la soberanía, del Estado e, incluso, lo que hoy se entiende por ética ciudadana. Es cierto que no puede haber separación estanco, que el poder no se encuentra estáticamente localizado y que, como Foucault sostenía, la sociedad está atravesada por relaciones de dominio interrelacionadas que no pueden disociarse; como tampoco establecerse sin una producción, acumulación y circulación de discursos de verdad. Mecanismos de poder, reglas del derecho y efectos de verdad son necesarios para que el poder funcione. El poder no es algo dividido entre los que los que lo detentan exclusivamente y los que no lo tienen y lo soportan; “el poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente de ese poder ni son siempre los elementos de conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos” (Foucault, 1979) [1] . Por tanto, no podemos deslindar el poder político de la trama del poder, de la red de relaciones de dominio que caracterizan nuestras sociedades; aun más, sin ella, el Estado no podría ejercer su hegemonía tal como hoy lo hace. Pero en la medida que el ámbito del Estado es un ámbito institucionalizado y público, que ocupa un lugar central en la organización y distribución del poder, nos permitirá un parcial análisis desde el que observar la relación con la sociedad civil y con el discurso de verdad que lo legitima, con la ciudadanía y con la moral.

15-M: diagnosis de un movimiento transpolítico por la democracia y la dignidad del ser humano.

Voy a resumir, a modo de conclusión, el análisis realizado en los anteriores artículos acerca de la situación del ser humano y la sociedad en nuestra cultura europea, situación que en la actualidad ha dado lugar a un estado generalizado de indignación finalmente expresado (en el Estado español) a través del movimiento 15-M.

En el primer artículo analizábamos las corrientes de pensamiento filosófico-político que desde la Ilustración han tratado de fundamentar racionalmente la organización social y la vida del ser humano. Veíamos cómo el reconocimiento de su dignidad con el objetivo de avanzar hacia una humanidad en libertad, en un orden social justo, constituyó el eje central que inspiró buena parte de la producción filosófica del movimiento ilustrado. Sin embargo, la dignidad humana quedó en una aspiración ética y sólo reconocida formalmente, pues los derroteros, como criticó Marx, avanzaron hacia una progresiva cosificación del ser humano, a su tratamiento como una mercancía más entre otras mercancías.

En buena medida ello fue así porque se impuso el pensamiento liberal, que pretendía la inviolabilidad de las libertades individuales y de la sociedad civil, reduciendo el papel del Estado a su condición de garante de las mismas. El resultado de entender la sociedad civil como un sistema comercial, un mercado autónomo y libre de las injerencias del Estado ha sido la creciente desigualdad económica y social, la generación de estructuras sociales que impiden en la práctica el ejercicio real de las libertades por clases sociales y sectores mayoritarios de la población.

El fracaso evidente de la consideración de la dignidad humana como un derecho inalienable de todas las personas, a pesar de que con el Estado del bienestar se trató de disminuir dicha situación, ha provocado la revuelta ética a la que asistimos en nuestros días. Esto fue tratado en el segundo de los artículos.

Ideas republicanas para la calidad de la democracia: una perspectiva en el movimiento 15-M.

Aunque el republicanismo ha estado presente en muchos momentos de nuestra historia, parecía que desde el siglo XVIII estaba siendo arrinconado por otras corrientes filosófico-políticas. Eso no quiere decir que, en el debate, el republicanismo hubiese mostrado argumentos menos sólidos o convincentes. No sólo no es así, sino que también desde teorías rivales, como el liberalismo, se han pretendido aproximaciones al republicanismo, como es el caso del liberalismo igualitario o solidarista representado por J. Rawls. Pero en cualquier caso, será la tradición liberal la que se impondrá durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestro días.

Estas ideas republicanas han cobrado, en la actualidad, un nuevo empuje ante el visible deterioro de las relaciones sociales y la pérdida de credibilidad de las instituciones y las formas democráticas vigentes. El Estado liberal, y el neoliberalismo como ideología, aparecen en las críticas como los responsables de la atomización social y de un individualismo de tipo posesivo que, finalmente, ha caracterizado a la sociedad como un mercado regulado por las relaciones económicas que los individuos establecen entre sí persiguiendo su propio interés. Como consecuencia, la consideración de los demás como medios para los propios fines, la instrumentalización de las personas, ha devenido finalmente en la consideración de cada individuo como una mercancía más entre otras. Triunfante esa idea acerca de la sociedad y las relaciones sociales, el modelo de democracia mejor adaptado y más consecuente sería aquél en que la capacidad de decisión y el autogobierno de los ciudadanos fuese lo más limitado posible. Para este modelo, heredero de la concepción elitista de la democracia presente en autores como Carl Schmitt o Schumpeter, la soberanía del pueblo se limita en la práctica a un mero procedimiento de selección de los gobernantes, en la que los profesionales de la política actúan siguiendo los dictados de los mercados y orientando su acción por la necesidad de preservarse en el poder, cayendo fácilmente en el nepotismo y la corrupción. La extensión de este modelo de democracia en Occidente, ha incrementado el distanciamiento de los gobernantes con los representados, especialmente las clases populares, dando lugar finalmente a las movilizaciones contra las instituciones y el sistema a que asistimos estos días. En sus reclamaciones aparece la demanda de otras formas democráticas que garanticen la soberanía del pueblo, el autogobierno, el control de la economía y la ruptura con las tiranías ejercidas por los mercados; unas nuevas relaciones sociales. Precisamente, ideas que han sido centrales en el discurso republicano.

El republicanismo había ofrecido históricamente nuevas formas de organizar la sociedad. Rechazando la tiranía y la dominación, reivindicó una idea robusta de libertad que, para su sostenimiento, precisaba de ciudadanos virtuosos. Tal y como se sostiene desde la tradición aristotélica, para ello se requería de determinadas condiciones políticas y económicas que el buen gobierno debía desarrollar y mantener. Por ello, podemos hoy afirmar con el republicanismo, que para la presencia de ciudadanos/as virtuosos y políticamente activos, era y es necesario que las instituciones básicas de la sociedad y el modo en que se regula la economía, queden bajo control ciudadano y se orienten hacia el ideal de ciudadanía. Entre algunas de la propuestas realizadas en ese sentido, el de alcanzar dichos fines, podemos destacar, por ejemplo, cómo para asegurar la no-dominación, los republicanos propusieron el control de los representantes con medidas tales como la rotación obligatoria de cargos, la revocación de los mandatos (en caso de incumplimientos). Consideraron especialmente aquellas instituciones que alentaban la discusión pública en torno al bien común y una organización económica tal que fuese la que mejor pudiera contribuir al fomento de buenos ciudadanos, al servicio de la virtud cívica. En definitiva, como sostiene Q. Skinner, para los republicanos el ideal del bien común debe ser puesto por encima de cualquier otra consideración relacionada con la obtención de beneficios individuales; una ciudadanía activa que evite que la comunidad quede a merced de la ambición de gobernantes o voracidad de grupos facciosos, “para el mantenimiento de un gobierno libre, es indispensable que todo el cuerpo político de los ciudadanos esté imbuido de un sentido de la virtud pública tan poderoso que no pueda ser sobornado ni obligado a que las fuerzas externas o las ambiciones facciosas socaven el bien común”. De esta forma, la separación del republicanismo respecto a los principios sostenidos por el liberalismo parece definitiva. No olvidemos que en el liberalismo, la función de los gobernantes es la de garantizar y proteger los derechos individuales frente a cualquier interferencia, incluido del propio Estado, de manera que sus intereses y fines particulares no puedan ser limitados por el grupo al que pertenecen.