Finalizada la Guerra Civil un 1 de abril de hace 76 años, la República sigue siendo la aspiración de un demócrata consecuente.

                                                                               

Último bando de guerra firmado por el general golpista Fº. Franco
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El 1 de abril de 1939 se se dio por finalizada la Guerra Civil iniciada con el golpe de Estado dirigido por el general Franco. Tras el último bando militar (ver foto) sufrimos la larga noche (36 años) de la dictadura franquista. Finalmente, con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición que en el que, en lo esencial, el viejo dictador había dejado “todo atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas, organizadas en la débil oposición, para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1978.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política que garantizase el statuo quo económico, sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional, impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama, con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para hacer realidad que la democracia sea el autogobierno del pueblo. Y esto es, simplemente, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.

Francisco del Río
Profesor de Filosofía

Políticas públicas de la memoria para construir democracia. Carta a los candidatos/as a presidir la Junta de Andalucía

Artículo de Ángel del  Río publicado en eldiario.es (14-03-2015)

Estimado candidato:

La mirada al pasado y la implementación de políticas públicas de la memoria no debería entenderse exclusivamente como un gesto institucional para satisfacer una creciente demanda social y siempre constreñido a la precaria disponibilidad presupuestaria, sino que, por el contrario, debería ser asumida como acción decidida de gobierno para la profundización y fortalecimiento de la identidad democrática de Andalucía.

Como se sabe, el proceso de transición de la dictadura a la democracia se llevó a efecto sin reconocimiento alguno de las víctimas del franquismo que fueron invisibilizadas y condenadas al olvido, careciendo durante la mayor parte de la etapa democrática de representación en el espacio público. Solo a través de la iniciativa ciudadana, materializada en un incipiente movimiento memorialista conformado por numerosas entidades y agrupaciones de familiares, han emergido las víctimas del franquismo como nuevo actor social que reclama la tríada indisociable de verdad, justicia y reparación como un derecho inapelable de toda sociedad democrática.

La situación española contrasta con la del entorno europeo –al que en tantas cosas se trata de emular–, donde las víctimas de las dictaduras totalitarias y la lucha contra el nazi-fascismo y el estalinismo forma parte esencial de las políticas de memoria y reconocimiento por parte de la mayoría de los estados. La negación sistemática de las víctimas del franquismo por parte del Estado español es tan evidente que Naciones Unidas, a través del  Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el   Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición denunciaron en sendos informes el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de desapariciones forzosas y el estado de indefensión de las víctimas, a la vez que aportan una serie de recomendaciones que deberían constituir una hoja de ruta de obligado cumplimiento.

Es cierto que en Andalucía la Administración ha establecido en esta última década programas de subvenciones a entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades enfocados básicamente a tareas de investigación y reconocimiento a las víctimas del franquismo y ha dispuesto algunas medidas de reparación a personas que sufrieron prisión o vejaciones. También se aprobó un decreto por el que se crean y regulan la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía o de manera más tímida se han acometido unas pocas exhumaciones de fosas comunes. Y suponiendo, sin duda, un avance sustancial, todavía se percibe como insuficiente.