Artículo de Ángel del Río publicado en eldiario.es (14-03-2015)
Estimado candidato:
La mirada al pasado y la
implementación de políticas públicas de la memoria no debería entenderse
exclusivamente como un gesto institucional para satisfacer una creciente
demanda social y siempre constreñido a la precaria disponibilidad
presupuestaria, sino que, por el contrario, debería ser asumida como acción
decidida de gobierno para la profundización y fortalecimiento de la identidad
democrática de Andalucía.
Como se sabe, el proceso de
transición de la dictadura a la democracia se llevó a efecto sin reconocimiento
alguno de las víctimas del franquismo que fueron invisibilizadas y condenadas
al olvido, careciendo durante la mayor parte de la etapa democrática de
representación en el espacio público. Solo a través de la iniciativa ciudadana,
materializada en un incipiente movimiento memorialista conformado por numerosas
entidades y agrupaciones de familiares, han emergido las víctimas del
franquismo como nuevo actor social que reclama la tríada indisociable de
verdad, justicia y reparación como un derecho inapelable de toda sociedad
democrática.
La situación española contrasta
con la del entorno europeo –al que en tantas cosas se trata de emular–, donde
las víctimas de las dictaduras totalitarias y la lucha contra el nazi-fascismo
y el estalinismo forma parte esencial de las políticas de memoria y
reconocimiento por parte de la mayoría de los estados. La negación sistemática
de las víctimas del franquismo por parte del Estado español es tan evidente que
Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator
Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de no Repetición denunciaron en sendos informes el incumplimiento
de las obligaciones estatales en materia de desapariciones forzosas y el estado
de indefensión de las víctimas, a la vez que aportan una serie de
recomendaciones que deberían constituir una hoja de ruta de obligado
cumplimiento.
Es cierto que en Andalucía la
Administración ha establecido en esta última década programas de subvenciones a
entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades enfocados básicamente a
tareas de investigación y reconocimiento a las víctimas del franquismo y ha
dispuesto algunas medidas de reparación a personas que sufrieron prisión o
vejaciones. También se aprobó un decreto por el que se crean y regulan la
figura de Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía o de manera más tímida se
han acometido unas pocas exhumaciones de fosas comunes. Y suponiendo, sin duda,
un avance sustancial, todavía se percibe como insuficiente.
En la última legislatura que
recién se ha dado por concluida estaba proyectada la aprobación de una Ley de
Memoria Democrática de Andalucía que solo se quedó en Anteproyecto. Desde mi
modesta posición, considero que dicho Anteproyecto, salvando algunos puntos que
deberían revisarse, sobre todo con relación al excesivo tutelaje por parte de
la Administración con respecto a las iniciativas ciudadanas, y siendo
conscientes de los límites competenciales de la Junta de Andalucía, supone un
gran paso adelante y por tanto habría que retomarlo, someterlo a un proceso de
participación ciudadana en busca de los máximos consensos.
En este sentido, es esencial
concebir todo planteamiento sobre la memoria y las víctimas como patrimonio
colectivo de toda la ciudadanía andaluza y evitar cualquier tipo de
instrumentalización político-partidista desde las instituciones. Sería deseable
un impulso a la causa de la memoria por parte de la máxima instancia de gobierno.
Hasta el momento ningún presidente ni presidenta de la Comunidad se ha reunido
con las víctimas del franquismo, con sus familiares, con las asociaciones
memorialistas, o ha visitado una exhumación de una fosa común o ha hecho acto
de presencia en el campo nazi de exterminio de Mauthausen donde fueron
convertidos en cenizas más de 1000 andaluces, o a acudido a un acto de homenaje
promovido por alguna entidad memorialista.
Estos gestos siempre se delegan
en otras autoridades subalternas como si fueran asuntos de menor grado. Del
mismo modo, los asuntos de la memoria, entiendo, que deben ocupar una posición
transversal en toda la Institución –con especial presencia en Cultura,
Educación, Justicia, Presidencia, Sanidad, etc.– y no quedar constreñidos en un
departamento estanco.
Decía que el Anteproyecto
avanzaba en cuestiones cruciales que precisan, por higiene democrática, de una
pronta actuación. Destacamos, por economía de espacio, solo algunas demandas:
No se puede prorrogar un día más
el tema de las exhumaciones que tanto sufrimiento provoca entre los familiares
de las víctimas que yacen en alguna de las cientos de fosas comunes que inundan
nuestra Comunidad. El próximo gobierno andaluz debe arbitrar medidas con
carácter de urgencia que posibiliten de manera ágil que los familiares puedan
dar digna sepultura a sus seres queridos. No es cuestión de política
partidista, es cuestión de los más básicos derechos civiles.
Es inconcebible, todavía hoy, la
pervivencia de multitud de símbolos franquistas (insignias, escudos, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del
franquismo) en edificios y espacios públicos en los pueblos y ciudades de
Andalucía. La exhibición de esta simbología, además de suponer una
humillación para las víctimas y gentes con sentido democrático, cumple una
función legitimadora del franquismo pues solo con su presencia lo normailiza
contribuyendo a la extensión de nuevos significados que desvirtúan su
naturaleza represiva.
A pesar de los avances en materia
de investigación y divulgación, el desconocimiento de la magnitud y los
alcances de la represión franquista en Andalucía por parte de la población es
mayoritario. Es necesaria la incorporación de esta parte de nuestra historia
tratada con rigor en los currículos escolares y la divulgación pedagógica en
los medios de comunicación públicos –en horario adecuado–, especialmente la
radio y la televisión.
Del mismo modo, hay que rescatar
y poner en valor por su función didáctica los lugares más emblemáticos de la
memoria, aquellos que la ciudadanía le ha otorgado una especial significación
con la instauración de ritos del recuerdo: fosas comunes, campos de
concentración, prisiones, etc., y crear en algunos de ellos –como es habitual
en muchos países europeos– memoriales o centros de interpretación, como el
olvidado proyecto de Memorial sobre la utilización de los presos republicanos
como mano de obra esclava en el antiguo campo de concentración de Los Merinales
(Dos Hermanas).
Y aunque no esté entre sus competencias,
el próximo gobierno andaluz debería estar al frente en la reivindicación de la
justicia y contra la impunidad en cualquier proceso abierto y de la anulación
de las sentencias franquistas a todas luces ilegítimas pero con vigencia legal.
Las víctimas del franquismo y
toda la lucha contra la dictadura en pro de las libertades democráticas
constituyen un patrimonio ciudadano todavía por valorar. La memoria de estas
víctimas ha ocupado siempre una posición subalterna que ha ido emergiendo de la
nada para ganar paulatinamente espacios en la esfera pública. En buena medida
estas conquistas se deben a la iniciativa ciudadana y es crucial, para una
mayor proyección de los valores democráticos que entrañan, la implicación
decidida del próximo gobierno andaluz.
Ángel del Río (Amical de
Mauthausen)
Profesor de Antropología, Universidad de Sevilla.
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