Elecciones andaluzas: entre el pueblo andaluz y las políticas al dictado de los mercados.

En este artículo se analiza cómo el modelo económico que aplican tanto PP y PSOE es esencialmente coincidente. Concluimos que es una apuesta para una salida de la crisis del capitalismo que mantenga las plusvalías y trate de impedir la caída de la tasa de ganancia del capital por la vía de degradar, aún más, las condiciones de vida y trabajo de la población; es decir, de reducir el valor social de la fuerza de trabajo. Con esta subordinación general a los intereses del capital y de los mercados, la capacidad de intervención desde cualquier instancia de decisión del pueblo andaluz, el margen de maniobra, será tan limitada, que las consecuencias para el medio ambiente, los recursos naturales de Andalucía y la identidad andaluza, supondrán un incremento del retroceso que se vive en Andalucía. Asimismo analizamos los aspectos más significativos políticamente para la estructuración social de Andalucía, donde PP y PSOE no plantean más que puntuales diferencias, sobre la base de un mayoritario y silenciado consenso, apoyado entusiásticamente por los grandes medios de comunicación.

El próximo día 25 de marzo se celebran elecciones al parlamento andaluz. Si se confirma lo señalado en las encuestas, por primera vez estaría en condiciones de acceder al gobierno andaluz un partido diferente al que gobierna desde aquellas primeras elecciones celebradas en abril del 82, es decir, un partido diferente al PSOE. En efecto, el primer partido de la oposición en la comunidad andaluza y partido que gobierna a nivel estatal, ganará las elecciones autonómicas. Es duda que pueda alcanzar la mayoría absoluta, por lo que en ese caso necesitaría que algún partido apoyara la investidura de Arenas como presidente de la Junta o, también,  que los otros partidos no se pusieran de acuerdo para proponer un candidato alternativo. Pero las preguntas pertinentes son: ¿realmente se va a producir un cambio sustancial en la forma de gobierno? Las políticas que previsiblemente aplique el PP, ¿serán muy diferentes de las aplicadas hasta ahora por el PSOE?

Ambos partidos, uno porque gobierna en Andalucía y hasta hace unos meses en el Gobierno del Estado, tras 8 años de ejercerlo, y el otro, porque es el que actualmente gobierna en él y lleva haciéndolo en varias comunidades autonómicas varias legislaturas consecutivas, tienen posicionamientos políticos de sobra conocidos. En la legislatura pasada, el 90 % de las leyes fueron aprobadas conjuntamente por el PSOE y el PP y la Constitución fue reformada con el apoyo de ambos partidos. En la actual legislatura, hemos de destacar que la reforma del sistema financiero ha sido aprobada por los dos partidos y ambos han aceptado las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de la UE de reducción del déficit a la cifra del 5,3 %. Y ello con un claro objetivo. Lo que está en juego es la salida a la crisis estructural del sistema capitalista. En anteriores crisis, como la del 29, la receta aplicada fue de corte keynesiano. Hoy, la que imponen los mercados, es una salida basada en ajustes presupuestarios y la ortodoxia macroeconómica, tal como corresponde a la dominante política de corte neoliberal. Esta salida de la crisis es más radical y está pensada para mantener el dominio del capital a largo plazo sin que decaiga la tasa de ganancia, tendencia decreciente que ha provocado la huída de capitales al sector especulativo y financiero de la economía. Para ello se han impuesto como tarea necesaria la liberación de recursos en manos del Estado a través del sector público y la reducción del valor social de la fuerza de trabajo.

Como puede apreciarse, aquello que se presentaba como obsoleto, el análisis económico-social basado en las contradicción de clases, aparece ahora con toda crudeza; y con una clase social, representada por la oligarquía financiera, que impone sus intereses sin el freno o los límites que las fuerzas políticas de izquierda, los sindicatos y, también, el miedo que antaño suponía la existencia del bloque del Este, han venido ejerciendo. Es bastante probable que la contracción de la economía persista y la crisis se prolongue debido al subconsumo, y que, entonces, se intenten otras políticas económicas de cariz keynesiano. Pero la reducción del valor de la fuerza de trabajo, es decir la debilitación de las condiciones de vida y trabajo, será un objetivo conseguido que se mantendrá en el tiempo.

En esta disyuntiva, el PP y el PSOE, se colocan al lado de la salida que los mercados vienen señalando. Su grado de acuerdo con dicha situación es tal que desde la propia Comisión Europea, el portavoz de Asuntos Económicos Amadeu Altafaj, ha indicado al actual Gobierno español la necesidad de acatar el cumplimiento del déficit como en su día hizo el Gobierno presidido por Zapatero. Y para el recorte del déficit, ambos partidos recurrieron al mismo tipo de medidas. Ninguna proveniente por el lado de aumentar los ingresos. Antes y ahora se ha producido un recorte del gasto público social. Las reducciones operadas hasta ahora, antes por el PSOE y ahora por el PP, más las que vendrán, persiguen los mismos objetivos. Entre ellos, la disminución del sueldo del funcionariado, recortes en los servicios públicos, prolongación de la jornada laboral, aumento de la edad de jubilación, congelación de las pensiones, precarización y flexibilización las relaciones laborales, caída de los salarios, etc. El Gobierno del PP lleva a cabo sus recortes sobre los anteriores introducidos por el PSOE. Entre ambos, el retroceso social, la pérdida de derechos, la disminución del Estado del bienestar, es una palmaria realidad que no permite distingos. Ni siquiera el aparente enfrentamiento respecto a la actual reforma laboral puede hacernos olvidar que el Gobierno del PP lo que ha hecho ha sido incrementar las reformas iniciadas por el PSOE. La sintonía entre ambos es tal que alcanza hasta los extremos de blindar los privilegios de sus dirigentes políticos, como hemos visto recientemente con las medidas aprobadas para que una vez que abandonen sus cargos públicos puedan acceder como directivos de grandes empresas del sector privado. Así, están desembarcando en ellas compartiendo responsabilidades de dirección, políticos como F. González, J Mª  Aznar, o el más reciente de la exministra Elena Salgado, quien dejó el Gobierno el pasado diciembre y va a ser fichada por la filial chilena de Endesa, empresa en la que ya participan Aznar y Roca. Como puede verse, el color político no es un obstáculo para defender los mismos intereses y, evidentemente, ser posteriormente bien recompensado por ello. El sector eléctrico también tiene o ha tenido en sus empresas como directivos o asesores a exministros y cargos públicos como Boyer, Atienza, Ángeles Amador, Narcís Serra, Folgado, etc.

La aplicación de estas políticas económicas al dictado de los mercados y de Bruselas supone que Andalucía, sus recursos naturales, su población, su cultura, quedarán sujetos a las necesidades que imponen los mercados y la división internacional del trabajo. La pérdida de identidad y de valor como comunidad cultural y ecorregión, continuaría un proceso ya en curso. Este es el futuro que podríamos esperar si la optimización del beneficio y la eficiencia productiva, que las tecnologías imponen con la globalización de los mercados, siguen decidiendo el devenir de Andalucía en estos próximos años.

Pero las políticas del PSOE y el PP no son sólo similares por la defensa del modelo económico y las políticas neoliberales que aplican, sino también en la defensa del orden internacional dominante. Ambos partidos apuestan por la inserción del Estado y de Andalucía en la OTAN y el mantenimiento de las bases americanas en nuestro suelo. Es decir, ambos partidos subordinan la soberanía andaluza a la defensa de los intereses de la potencia hegemónica (EE.UU), el garante político-militar del modelo de globalización económica y de los mercados. Asimismo, también han defendido a nivel internacional el statu quo imperante, según el cual se le sigue negando al pueblo saharaui el autogobierno de sus territorios y se apoya la ilegal ocupación de Palestina por el Estado israelí. No ha habido ningún punto de fricción entre ambas fuerzas en cuanto a política internacional se refiere.

Tampoco existen diferencias respecto al modelo de democracia y la configuración territorial del Estado, o la forma monárquica del mismo, que ambos partidos defienden. La ley electoral favorece claramente los intereses de los dos partidos mayoritarios en contra de una más adecuada representación de la voluntad popular. Ninguno ha mostrado el menor interés en recuperar formas de democracia directa, de control de la actividad política de los profesionales que la ejercen, o de la circulación horizontal de la información, limitando el poder de los grandes medios de comunicación y favoreciendo medios alternativos y de internet para la circulación de la información. En cuanto a la transparencia informativa de las administraciones públicas, Andalucía y el Estado continúan a la cola europea con la aquiescencia del PSOE y el PP. Uno y otro han hecho caso omiso de la tardía y limitada ley de acceso a la información de Medio Ambiente que se aprobó a tal fin.

La educación en general es contemplada por los dos partidos mayoritarios como un sistema de formación de fuerza de trabajo, técnicos y profesionales, subordinado a las necesidades del sistema productivo y del capital. Así está recogido en los acuerdos de Lisboa en el año 2000 y los planes de Bolonia que los desarrollan en lo que a los estudios universitarios se refiere. Entre ellos sólo aparecen matices en cuanto al peso de la enseñanza privada, la concertada y el sistema público. Tampoco tienen diferencias sustanciales en cuanto a la relación Iglesia-Estado: ambos defienden el Concordato y el modelo de financiación. Han surgido algunas fricciones, es cierto, en cuanto al grado de acatamiento de las directrices de la jerarquía eclesiástica. Ello se ha traducido en la polémica en torno a la denominación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, o la ley de plazos del derecho al aborto. En el primer caso resulta  irrisorio el enfrentamiento por el nombre y la retirada de entre sus contenidos, en el tema de las formas de familia, el de las familias constituidas por matrimonios homosexuales. Sería como si de no mencionar en los libros de texto, en los escasos minutos de la hora semanal en que se imparte la asignatura en 3º de ESO, esa innegable realidad, dependiera el futuro de dichas familias. Además de no comprender la realidad del aula (cuando se trata de formar en competencias, cualquier debate social tiene que plantearse necesariamente en el aula), es una ingenuidad o puro cinismo reducir el enfrentamiento a ello. Más importante resulta la oposición realizada a una ley de plazos para el ejercicio del derecho al aborto. Pero no por ello podemos hablar de encontrarnos con alternativas políticas diferentes, sino un caso concreto y de resultado aún incierto.

Lo que sí llama poderosamente la atención es cómo los medios de comunicación próximos a cada uno de los dos partidos mayoritarios (y lo son todos), y los periodistas que actúan como voceros en todo tipo de tertulias, magnifican machaconamente todas las pequeñas diferencias, las mencionadas y otras, que aparecen en sus respectivos programas para presentarlos ante la opinión pública como opciones de gobierno alternativas. Y por supuesto, nada dicen de aquellos otros planteamientos que ofrecen modelos de gestión que suponen la superación de las políticas seguidas por ambos partidos, surgidas al dictado de los intereses del capital, los mercados y los poderes fácticos. En definitiva, de lo que se trata, es de imponer el modelo bipartidista como lo único realmente existente.


Francisco del Río Sánchez
Profesor de Filosofía