Crónica de un proceso de lucha en el que David se
enfrentó a Goliat.
1ª Parte:
El proyecto de trasvase del río Castril hacia la
comarca de Baza: tras las primeras protestas y la paralización de las obras, en el verano de 2010 las movilizaciones de los pueblos ribereños alcanzan su
momento álgido cuando, sorprendentemente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el ministerio de Medio Ambiente deciden reemprender las obras a pesar de
que el Supremo, en marzo de ese año, había declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba. Cortes de Baza es sometido a un virtual estado de sitio.
El río Castril, que discurre por los términos municipales de
Castril y Cortes de Baza, viene a
desembocar en el embalse del Negratín, uno de los mayores de Andalucía. Desde
sus empantanadas aguas se regula la cuenca del Guadalquivir, riegan y beben en
la cuenca del Almanzora. Este embalse, que se encuentra a escasos kms. de Baza,
puede ser siempre una garantía contra hipotéticas y futuras necesidades de
agua, tanto para abastecimiento como regadío, en toda la comarca. Pueblos como
Baza, Zújar, Freila, o Benamaurel podrían aprovechar su privilegiada cercanía
si llegado el momento, y ante una deficiente gestión de sus propios recursos,
lo necesitaran.
Esto puede parecer de una lógica aplastante. Pero,
sorprendentemente, no piensan lo mismo desde la CHG y el ministerio de Medio
Ambiente. Según su criterio, la calidad del agua del río Castril, es tan
superior a cualquier otra, incluso a la propia del río en su desembocadura en
el Negratín, que justifica que se realice un trasvase desde un punto más
elevado del río, desde el Portillo, embalse situado por encima del pueblo de
Castril, para abastecer de agua a los municipios de la comarca de Baza que actualmente
la demandan. Es decir, que el agua de la que se bebe en Almanzora (desde el
Negratín) no es apta para Baza y demás pueblos. El agua del mismo río, contra
lo sostenido por los informes solicitados por la propia Junta de Andalucía,
tampoco tendría la misma calidad que la que posee en su desembocadura. Y Para
justificar esta irracional agresión ecológica, el trasvase desde el río
(momentáneamente algo más abajo del Portillo para evitar el paso por la Peña de
Castril, Monumento Natural) inventan necesidades de abastecimiento para una
población de 80.000 personas y, además, con carácter de emergencia. Sabemos que
entre Baza y los otros municipios que también aspiran a disponer del agua del
río Castril, no alcanzan los 35.000 habitantes. También sabemos que Baza
dispone de una sierra que es capaz de recargar sus acuíferos (sólo el acuífero
Sierra de Baza tiene una recarga anual de 50 hm3) sobradamente suficientes para
satisfacer las necesidades de agua en la comarca. De la capacidad de dicho
acuífero es una muestra suficiente las autorizaciones de nuevas concesiones
para regadío, los pozos ilegales que proliferan y cuyas extracciones son
permitidas, o, incluso, intentan legalizar, cual es el caso de uno de ellos,
abierto por amigos políticos en las proximidades de una de las fuentes de las
que se abastece la población de Baza, en concreto la fuente de S. Juan.
Pero si esto es así, si en Baza realmente no se dan problemas
de escasez de agua para abastecimiento, si pueden captarla desde el Negratín, o
desde la desembocadura como proponía la Junta de Andalucía en el denominado
proyecto alternativo, ¿por qué ese interés en las aguas del río Castril? Pero
la pregunta podríamos formularla en contrario: ¿Por qué no utilizar las aguas
del río Castril?, ¿por qué no aprovechar el embalse del Portillo, sobre el río
Castril, situado por encima del municipio? En efecto, para la CHG, para las
administraciones y para los responsables políticos provinciales de los partidos
mayoritarios, el agua de un río no es más que un factor económico que, como tal, puede contribuir, y debe hacerse
con la mayor eficiencia, como cualquier otro factor económico, en la generación
de riqueza en términos de crecimiento económico o valor añadido. En definitiva,
el pensamiento desarrollista que predomina en los gestores del capitalismo.
Además, para las partes beneficiarias e interesadas, es un bien económico con
el que, como los demás, también se puede
especular.
El río Castril tiene un indudable valor ecológico que nadie,
hasta la fecha, se ha atrevido a cuestionar. Su ecosistema, alberga y alimenta
especies protegidas como la trucha común (genéticamente única), boga del
Guadiana, barbo gitano o cacho, en la vegetación de ribera compuesta de sargas,
sauces y chopos, incluida en la directiva europea sobre flora y fauna silvestre
(la conocida directiva hábitats), anidan especies como la nutria o el musgaño
de cabrera; en el río habita una rica variedad de macroinvertebrados
(reconocida en el estudio universitario dirigido por Alba Tercedor,
“Poblaciones faunísticas del río Castril”), entre otras especies. Para las
administraciones, para los poderes, ello no necesita más protección que la mera
conservación como piezas de museo. La no desaparición, aunque sea en hábitats
diferentes, parece agotar su política medioambiental.
Por último, la agricultura tradicional en Castril y Cortes.
¿Qué valor añadido supone? Irrelevante en términos del PIB andaluz. El agua
como factor económico, para otros sectores o para otra agricultura,
incrementaría en niveles exponenciales su productividad, contribuiría a la
generación de plusvalías para los agentes económicos con intereses e
inversiones dependientes de ella. En este modelo, no hay cabida para las
familias que secularmente dependen de una agricultura de supervivencia, como es
el caso de las familias agricultoras de Castril y Cortes: choperas, hortalizas,
frutas y olivos no tienen la relevancia económica que esa misma agua puede
proporcionar en el sector turístico, viviendas, campos de golf o la agricultura
extratemprana e intensiva. Ni en la especulación o compra-venta de derechos.
El río Castril ha configurado históricamente la identidad de
los pueblos ribereños. Por ello, además de la defensa de sus valores naturales
y la defensa de su agricultura, también ha sido el valor simbólico lo que ha
impulsado a los vecinos y vecinas a movilizarse en estos últimos años. No
obstante, siempre se han mostrado abiertos a negociar otras alternativas, que
las hay, para el caso de que se mostrase que realmente sus aguas son necesarias
en otra parte. No referimos al proyecto apoyado por la Junta de Andalucía,
consistente en la captación de aguas desde la desembocadura del río, donde,
además, dichas aguas tienen la misma calidad que en otras partes del río. Este
fue el planteamiento inicial que esgrimieron las fuerzas sociales que se
oponían al trasvase. Las elecciones municipales del 2007 cambiaron el signo
político del ayuntamiento de Cortes, aupando al equipo de gobierno a candidaturas
contrarias al trasvase. En el vecino ayuntamiento de Castril, un pacto del PSOE
con el único concejal del PP, luego declarado tránsfuga, como el alcalde, impidió
el gobierno de la candidatura que se oponía al trasvase. Las movilizaciones se
sucedieron con manifestaciones multitudinarias de ambos pueblos en Castril y
Granada.
Pero, ¿a qué se debe tanta obcecación? ¿Por qué las administraciones se negaban -y se niegan- a negociar sobre la base de las alternativas
disponibles? La CHG aprovechó el decreto de medidas contra la sequía que, con
carácter de emergencia, el Gobierno aprobó a finales de 2005, para retomar un
antiguo proyecto –descartado entonces por su impacto ambiental-, e inventando las
necesidades de abastecimiento a Baza, trató de ampararse en la cobertura de la
declaración “emergencia” para eludir y acelerar trámites esenciales que, de
proseguir por la vía ordinara, podrían haber impedido la aprobación final del
trasvase. La CHG trataba, sin duda, de justificar la construcción de un
pantano, el Portillo, que nació para trasvasar el agua que ya fue rechazada en
el anterior proyecto; es decir, que pretende darle una función a lo que no fue
más que un despropósito económica y ambientalmente. Ahora, sin proyecto técnico
y sin una concesión de agua aprobada, acuerda la CHG el trasvase de entre 6-7
hm3 (el 10 % del caudal aportado por el río en los años que llevamos de siglo),
y lo justifica como necesidad para abastecimiento debido a la disminución del
caudal aportado por las fuentes de las que se abastece el municipio de Baza. El
Gobierno lo aprueba sin otra consideración y acogiéndose a la prórroga del
decreto de medidas contra la sequía a finales de 2006.
No obstante, algunas de las irregularidades, falsedades y
omisiones, en la información facilitada por la CHG a las demás administraciones
con competencias, la llamada Ficha Ambiental, se han puesto al descubierto una
vez que se iniciaron las obras. Entre ellas se ocultaba que parte del trazado
del río discurría por un BIC, como es el conjunto histórico de Castril, o que
la tubería discurría en paralelo al río, invadiendo el valle fluvial y
atravesando el río por varios puntos, destruyendo vegetación de ribera. Esto ha
provocado que la Plataforma por la Defensa del Río Castril y Ecologistas en
Acción hayan denunciado y se hayan personado en diferentes procedimientos
judiciales. Pero las denuncias no se han quedado sólo en el hecho de que las
obras que se ejecutaban no se correspondan con las inicialmente aprobadas.
El proceso seguido con las expropiaciones por vía de urgencia
(amparadas en el decreto 1419/2005) ha sido recurrido por agricultores y
comunidades de regantes, así como por el ayuntamiento de Cortes. La resolución
de la secretaría de Cambio Climático, del ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino, que denegaba la necesidad de proceder al estudio de impacto ambiental,
también se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional por la Plataforma y
el ayuntamiento de Cortes. Hay que recordar que esta resolución se basa en
la Ficha Ambiental plagada de errores y omisiones, que ignora la ausencia de
proyecto técnico, los trámites de exposición y consulta, así como los caudales
ecológicos realizados a instancias de la Junta de Andalucía y llevados a cabo
por especialistas universitarios dirigidos por el profesor Alba Tercedor. En
dicho estudio se pone de manifiesto que el caudal ecológico del río, aguas
abajo del Portillo oscila entre los 1000 y 1500 l/sg, muy lejos de los 500 o
150 l/sg. que, según las conveniencias, sin estudio que lo avale, se han
manejado desde la CHG. Si el caudal que aporta el río en la actualidad no es
suficiente para mantener el caudal ecológico y las concesiones para regadíos,
la detracción para el trasvase supondrá su degradación ecológica. En vía penal,
ante el juzgado de Huéscar, se encuentran diligencias abiertas por denuncia de
la Plataforma. A dicho juzgado la fiscalía ha remitido el expediente de las
investigaciones realizadas a raíz de la denuncia interpuesta por Ecologistas en
Acción, al apreciar en las irregularidades denunciadas indicios de apariencia
delictiva.
Todas estas denuncias se vieron fortalecidas con la anulación
por el Tribunal Supremo del decreto 1419/2005 en sentencia publicada el
1-3-2010. Al ser declarado nulo de pleno derecho, también quedaron anuladas sus
prórrogas. Las obras del trasvase se hicieron con carácter de emergencia
aprovechando la cobertura de dicho decreto, ahora anulado. Por ello, no fue
necesario el proyecto técnico, fue aplicado el art. 72 de la LCAP, y las
expropiaciones se hicieron de acuerdo al artículo 54 de la ley de Expropiación
Forzosa. Con esta nueva situación, la de declaración de nulo de pleno derecho del RD 1419/2005, el ayuntamiento de Cortes ordenó la
paralización de las obras, pues ya no se podía justificar la emergencia, las
expropiaciones y la ausencia de proyecto técnico. En consecuencia, es
preceptiva la concesión de licencia municipal para proseguir las obras. Este
decreto de la alcaldía fue suspendido cautelarmente por el juzgado de lo
contencioso-administrativo de Granada en recurso interpuesto contra él por
varios ayuntamientos, que aspiran a beneficiarse del trasvase, y el ministerio
a través de la abogacía del estado.
Conocida por la población la carencia de cobertura de legalidad,
cuando las obras se reemprendieron en el término municipal de Cortes durante el
mes de agosto de 2010, las protestas se incrementaron. La respuesta
de la subdelegación de Gobierno, a pesar de las advertencias de ilegalidad del
proceso seguido en la tramitación del proyecto y en las expropiaciones, fue más
propia de una dictadura que de un Estado de derecho. Las concentraciones
pacíficas que los vecinos/as realizaban en sus tierras, en contra del destrozo
de sus cultivos o de la vegetación de ribera, fueron disueltas. Más de 100
vecinos/as recibieron multas de entre 4.000 y 7.000 euros sin haber sido previamente
identificadas; otras personas están acusadas judicialmente de reuniones y
coacciones. Todo ello en un delirio imaginativo sin precedentes; pues la
acusación se basa en hechos que no corresponden con la realidad. El pueblo de
Cortes de Baza fue tomado por lo antidisturbios (GRS), se establecieron
controles y registros, a los agricultores/as se les impidió el acceso a sus
tierras. Como consecuencia de ello, las movilizaciones cesaron por el momento. Sobre estos hechos IU presentó varias
preguntas en el Congreso durante la legislatura pasada. No hubo respuesta.
Algunos enlaces de los vídeos de la
represión.
http://www.youtube.com/watch?v=iWlYOzPIEcA
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?
(Continuará).
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?
(Continuará).
Francisco del Río Sánchez
Profesor de Filosofía
Profesor de Filosofía
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